El Modelo Nórdico (también "Modelo Sueco") es un enfoque político sobre la prostitución: la compra de servicios sexuales es penalizada, mientras que la venta permanece sin castigo. Las personas que ejercen el sexo deben ser despenalizadas como víctimas de una "industria de violencia patriarcal", mientras que los clientes ("clientes") deben ser disuadidos.
Introducido en 1999 en Suecia, adoptado por Noruega (2009), Islandia (2009), Canadá (2014), Irlanda del Norte (2015), Francia (2016), Irlanda (2017) e Israel (2018).
Su efectividad es controvertida. Los defensores (Estado Sueco, Parlamento Europeo 2014) señalan la disminución de la prostitución callejera y el cambio de estigmas. Las críticas (UNAIDS, Amnistía Internacional desde 2016, OMS, Human Rights Watch, OIT, ProCoRe Suiza) respaldan con estudios mayores riesgos de violencia, peor acceso a la salud y más migración a la ilegalidad. Suiza ha evaluado el modelo en varias ocasiones y hasta ahora lo ha rechazado.